¿Recuperación de la economía en V, U o L?
Luis Felipe Lagos M. Economista, consultor
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Luis Felipe Lagos
En el IPOM de marzo pasado, el Banco Central (BC) nos presentó un escenario base con una proyección de recuperación rápida e intensa del crecimiento. La forma de esta trayectoria depende crucialmente del efecto de la pandemia del Covid-19 y del desarrollo del conflicto social que Chile vive desde octubre pasado.
La pandemia tendrá un costo muy alto, lamentablemente en vidas humanas y también para la economía, lo que igualmente impacta la salud de las personas. El BC estima que la variación del PIB en 2020 estaría centrada en -2% (rango -1,5% a -2,5%) producto de las cuarentenas parciales que paralizan la actividad, principalmente de los servicios. Asimismo, los menores ingresos de las familias, como la caída en expectativas, afectan el consumo y la inversión.
La OCDE estima que la tasa de crecimiento anual podría caer hasta dos puntos por cada mes de cuarentena. Esto depende -en cada país- de lo estricto del cierre y de las medidas de política fiscal y monetaria adoptadas para atenuar el shock. El FMI prevé una contracción de 4,5% en 2020 para la economía chilena.
El BC proyecta que hacia el tercer trimestre comenzaría una recuperación sostenida en forma de V, para alcanzar un crecimiento de 4,25% (rango 3,75% a 4,75%) en 2021. Esta trayectoria depende de si la estrategia sanitaria pueda transitar a un testeo masivo, protección a los adultos mayores y aislamiento de contagiados y sus contactos. De no ser así, la prolongación de cuarentenas, debido a una segunda ola de contagios, incrementaría las quiebras de empresas y el desempleo, haciendo más permanentes los efectos de la pandemia. En este escenario, la recuperación sería débil y lenta, más bien con una forma de U. Aun en el caso favorable, la incertidumbre respecto del posible rebrote de los contagios llevará a postergar inversiones y aumentará el ahorro, con poco dinamismo de la demanda agregada.
El BC también proyecta que la economía- tan pronto como 2022- alcanzaría un crecimiento estimado de mediano plazo entre 3% y 4%. Esto se fundamenta en que la crisis social latente puede encauzarse institucionalmente, lo que elimina la violencia y reduce la incertidumbre. En concreto, se requeriría que sectores de la sociedad que validan la violencia como instrumento para lograr cambios en una democracia, dejaran de hacerlo, reconociendo la debilidad de la economía y el daño adicional que infligiría la violencia a empleos e ingresos. En efecto, en octubre pasado la violencia política llevó a una caída de la actividad de 5,8% respecto de septiembre. En este escenario, la clase política juega un rol central en condenar abiertamente cualquier atisbo de violencia, lo que, sin embargo, no hemos observado en estos meses. De persistir el clima de violencia e intentos de sectores políticos de desestabilizar el gobierno, más que recuperación, tendríamos un estancamiento: una maldita L.
Con todo, es difícil que la economía retome un crecimiento de mediano plazo en torno a 3,5%, como se estimaba antes del 18-O. La incertidumbre asociada a una discusión sobre la nueva Constitución sin bordes, y en un ambiente político muy polarizado, tiene efectos negativos sobre la inversión y la productividad que reducirán el crecimiento de tendencia. Distinto sería que se acordaran reformas constitucionales, de acuerdo con la institucionalidad vigente, y que fueran confirmadas o rechazadas en un plebiscito.